Alcaldía de Cartagena establece medidas para frenar estafas y abusos a turistas

Los prestadores de servicios turísticos deberán informar visualmente el precio de sus productos en pesos colombianos

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La Alcaldía de Cartagena expidió un nuevo decreto con el fin de ponerle freno a la ola de estafas y abusos que vienen vulnerando los derechos de turistas, al igual que el restablecimiento de las condiciones ambientales y sanitarias en el Centro Histórico.

La administración distrital de Dumek Turbay estableció que el proveedor o establecimiento o prestador de servicios está obligado a informar al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos.

El precio debe informarse visualmente y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado, según la ley 1480 de 2011. En el evento de que aparezcan dos o más precios, que existan tachaduras o enmendaduras, el consumidor solo estará obligado al pago del precio más bajo de los que aparezcan indicados, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de conformidad con la ley 1480 de 2011.

El Departamento Administrativo Distrital de Salud intensificará operativos de inspección, vigilancia y control frente a las normas o disposiciones sanitarias, para el adecuado

desarrollo de la actividad económica de establecimientos de comercio, para garantizar el debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley 9 de 1979 y demás normas concordantes y/o complementarias.

La autoridad ambiental competente intensificará los operativos de verificación de las condiciones y requisitos necesarios para preservar y mantener la salud y la tranquilidad de los habitantes, mediante control de ruidos, originados en actividades de los establecimientos comerciales en el Centro Histórico de la ciudad.

Así mismo, el Establecimiento Público de Cartagena (EPA Cartagena) revisará y expedirá un marco normativo, para definir los estándares máximos permisibles de emisión de ruido y de ruido ambiental, para mantener un nivel permisible de presión sonora, según las condiciones y características del Centro Histórico y su área de influencia, de manera tal que proteja la salud y el bienestar de la población expuesta, dentro de un margen de seguridad.

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