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Colombia tiene autoridad internacional para proponer otra visión de la política de drogas

El tema de las políticas públicas alrededor del consumo de sustancias psicoactivas ha empezado a analizarse bajo una perspectiva más liberal y sustentada en cifras que demuestran que la Guerra contra las drogas que se ha librado en el país durante años, fracasó. Expertos conversaron sobre los principales retos y oportunidades que tiene Colombia a la hora de hablar de regularización.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Colombia, contó con la participación de las principales voces de autoridad del tema en Colombia. | Foto: Caracol Radio

El encuentro, que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Colombia, contó con la participación de las principales voces de autoridad del tema en Colombia. | Foto: Caracol Radio

En el foro ‘La nueva visión de la política pública en el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia’, organizado por Prisa Media, voces expertas coincidieron en que durante las últimas décadas el país ha tenido varios cambios de paradigmas frente al tema. El primero, y quizá más importante, asociado con cómo la perspectiva ha pasado de entender el consumo como un delito a abordarlo como un problema de salud pública.

Aunque en ambos caso el consumidor era estigmatizado -primero bajo la figura de delincuente y luego bajo la figura de enfermo-, hoy, sectores de la sociedad comienzan a hablar de un tercer enfoque que busca alejarse de estas dos narrativas. En cambio, busca concientizar a los colombianos sobre cómo las sustancias psicoactivas han estado siempre con el ser humano. Por lo tanto, pretender imaginarse un mundo sin ellas, lo que planteó durante tantos años la famosa ‘Guerra contra las drogas’ con su modelo prohibicionista, simplemente no es posible.

Aristas como la regularización del cannabis recreativo en adultos, el rechazo a la penalización de campesinos y consumidores y el respeto hacia las libertades individuales han hecho que el tema se analice bajo una visión más liberal. Buena parte de ello se debe a que los actores con capacidad de decisión están entendiendo cada vez más que solo un pequeño porcentaje del consumo es problemático, y que cada sustancia trae consigo sus propios retos.

“Tenemos que tener formas de regulación distintas según el tipo de sustancias. En el tema del cannabis estamos avanzando de manera rápida porque la sociedad fue domesticándola y cambiando su percepción del riesgo, pero eso no ha ocurrido con todas las sustancias. Es muy distinto lidiar con el tabaco y el cannabis a lidiar con la heroína”, comentó al respecto el ex ministro de salud Alejandro Gaviria durante el foro organizado en el Museo Nacional de Colombia.

Durante el encuentro, panelistas también coincidieron en que, a nivel internacional, el país tiene una autoridad moral muy alta para abanderar procesos de regularización que mitiguen los impactos negativos de la política prohibicionista de las últimas décadas. Según los presentes, los costos de la prohibición en cuanto a muertes y encarcelamientos han sido mucho más altos que los del consumo, factor que demuestra por qué se habla una guerra fallida.

“Hay un reto enorme para el Estado de cómo balancear el respeto de las libertades individuales con la plataforma de las garantías de cuidado. Lo que sabemos hoy es que ya la penalización no es una manera de cuidarnos. Todo el sistema prohibicionista se fundamentó bajo anomalías. Tenemos que seguir trabajando para desmontar el sistema prohibicionista, sí, pero también hay que ver qué podemos hacer dentro de ese sistema para avanzar”, puntualizó Isabel Pereira, investigadora de Dejusticia.

¿Puede el país intentar dar una visión distinta en un medio internacional prohibicionista?

Con el Gobierno Nacional a punto de presentar su nueva política de drogas llamada “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, numerosos expertos han comenzado a destacar varios avances en la misma, como la distancia que toma frente a la criminalización de los campesinos cultivadores de hoja de coca; su construcción apalancada en la participación ciudadana, su enfoque en la reducción del riesgo y daño y su búsqueda por nuevas técnicas para la disminución de las hectáreas de cultivo, diferentes a la aspersión con glifosato.

“Esta política intenta centrarse en la regulación y sus distintas posibilidades (...) A Colombia siempre se le ha catalogado como país productor. Los expertos de drogas en Colombia saben mucho de tráfico, de producción, pero no somos tan expertos en el consumo. Esta política nos permite tener una dedicación fuerte hacia el consumo interno de sustancias psicoactivas; intenta centrarse en la regulación y sus distintas posibilidades, en una política de reducción de daño y de respeto del libre desarrollo de la personalidad”, comentó Nestor Osuna, ministro de Justicia.

En ese sentido, vale recordar que Colombia ya cuenta con avances en el tema. Por ejemplo, desde 1986 permite el autocultivo de marihuana y desde 1994 permite la dosis mínima en adultos. Sin embargo, expertos aclararon que, si bien un marco regulatorio alrededor del consumo de cannabis ayudará a dar un paso más en el camino, el verdadero reto del país está en otras sustancias como la cocaína, una de las causas principales de la perpetuación del conflicto armado.

La investigadora Ana Rueda explica que la regulación busca entrenar al país para crear sistemas de protección para los usuarios consumidores, ya que algunos requieren acompamiento, mientras que otros solo necesitan más acceso a información. | Foto: Caracol Radio

Por otra parte, los expertos advirtieron que el reto que tiene Colombia actualmente no se centra en la búsqueda de un cambio de narrativas y de percepción hacia el consumidor y hacia las sustancias mismas; sino también en la búsqueda de un orden a nivel interno para aterrizar cualquier nueva política que se cree:

El Estado colombiano no cuenta con una entidad que tenga a su cargo específicamente la ejecución de una política de droga; eso está regado en muchas entidades. El presupuesto no lo define la misma política de drogas, sino que ya está preestablecido. Eso genera incapacidad para implementar la política. También tenemos contrariedades en la norma y nos impacta el hecho de que los gobiernos son cortos, es decir, no hay continuidad en la ejecución”, explicó Ana María Rueda, directora del programa de drogas de la Fundación Ideas para la Paz.

Por otro lado, para el gremio médico, la discusión también debe incluir un análisis de la capacidad actual del Estado en materia hospitalaria, científica y de mano de obra calificada para hacerle frente a posibles efectos secundarios que puede tener la regularización de estas sustancias en la persona. Solo de este forma, según ellos, se evitaría que continuar dilapidando recursos en políticas fallidas.

“De muchas sustancias psicoactivas legales, como el alcohol y el cigarrillo, no vimos sus impactos sino hasta treinta años después. Debemos poner la lupa también en los impactos que esta posible regularización tendrá a largo plazo, ya que el 20% de los consumidores tienen riesgo de generar adicción al consumo de sustancias, y un consumidor de marihuana desde temprana edad tiene cuatro veces más riesgo de desarrollar esquizofrenia”, concluyó al respecto Jeffrey González, médico psiquiatra.

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