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Denuncian casos de violencia obstétrica en algunos centros médicos de Risaralda

Al parecer se estaría incumpliendo con la sentencia que permite la interrupción voluntaria del embarazo.

Foto: Colprensa (archivo)

Foto: Colprensa (archivo)

Pereira

Desde Casa Útera, que es un espacio que trabaja por la promoción de derechos sexuales y reproductivos y la prevención de violencias basadas en género, han realizado el acompañamiento de abortos para verificar el cumplimiento de la sentencia C-055 de 2022 que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24.

Laura Muñoz, cofundadora de la casa, relató que en medio de estos acompañamientos el colectivo ha identificado incumplimientos a esta ley a través de diferentes tipos de violencia obstétrica a la que han sido sometidas las víctimas como demoras en la atención que debe ser urgente y prioritaria.

Laura Muñoz, cofundadora de la Casa Útera

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Expresó que en muchos de los casos los profesionales de la salud han utilizado lenguaje violento y despectivo al momento de tratar a las pacientes que, además, deben esperar de tres a cinco días por una atención en el centro asistencial.

Laura Muñoz, cofundadora de la Casa Útera

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Relató que en un caso de una mujer con embarazo ectópico, el procedimiento realizado por los profesionales de la salud no fue el que se debería realizar de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y que la hemorragia que le ocasionaron a la mujer no fue atendida oportunamente.

Laura Muñoz, cofundadora de la Casa Útera

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Manifestó que este tipo de omisiones y errores en los procedimientos se debe al desconocimiento de los lineamientos de la OMS para las interrupciones del embarazo y a la falta de capacitación del personal médico que, para el caso de Risaralda, ha sido instruido en dos ocasiones durante el año 2020 y a solo 140 profesionales.

Laura Muñoz, cofundadora de la Casa Útera

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La petición para evitar que se sigan presentando casos de violencia obstétrica que generan daños en la salud física y mental de las víctimas, es que las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, tengan un plan de capacitación constante a su personal que vaya en línea con lo que dicta la Organización Mundial de la Salud y que se cumpla la ley sin barreras para la interrupción del embarazo.

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