Ecuador

El domingo 5 de febrero, unos 13,4 millones de ecuatorianos deberán acudir a las urnas para elegir autoridades locales y votar un referendo con el que se podrían modificar algunos aspectos de la constitución y generaría cambios en temas como la política.

En total se hacen 8 preguntas sobre asuntos como el regreso de la extradición. Los ecuatorianos irán a las urnas en medio de una crisis por seguridad en la que se han registrado constantes enfrentamientos en las cárceles.

Adicionalmente, las votaciones se darán en uno de los momentos más complicados para su imagen. Según encuestadoras ecuatorianas, el presidente Guillermo Lasso tiene una impopularidad del 80% marcada por un supuesto caso de corrupción que involucra su familia.

¿Cuáles son las preguntas?

Estas son las 8 preguntas que deberán contestar con sí o no los ecuatorianos:

1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías?
2. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?
3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior?
4. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?
5. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo?
6. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional?
7. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
8. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?

¿Qué implicaciones trae cada pregunta?

Con la primera pregunta se busca que toda persona que cometa delitos relacionados al crimen organizado (tráfico de armas, drogas o personas) sea extraditado para que sea juzgado con las leyes del país que los solicite.

La segunda pregunta cambia el funcionamiento de la Fiscalía, creando un Consejo Fiscal que designe, evalúe y sancione sin depender del Consejo de la Judicatura evitando que los procesos penales tarden demasiado en solucionarse.

La tercera pregunta busca reducir de 137 a 120 el número de asambleístas, lo que implica que cuatro provincias pasarán a tener solo dos representantes y diez provincias solo tendrán un representante.

La cuarta pregunta busca reducir la cantidad de movimientos políticos que tiene el país dado que, actualmente, Ecuador tiene 272 movimientos políticos. Cada partido deberá contar con 201.000 miembros para que sea considerado como partido.

La quinta pregunta espera rescatar el Consejo de Participación Ciudadana, se conformará por cuatro personas electas por la Asamblea Nacional para que desarrollen tareas de control.

La sexta pregunta se relaciona con la quinta y busca que los ciudadanos ya no definan los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, sino que la tarea recae exclusivamente en la Asamblea Nacional.

La séptima pregunta destaca la creación de un subsistema que ayude a impulsar la protección del agua mediante el control estatal.

La octava y última pregunta plantea que la ciudadanía tenga más preocupación por los pueblos originarios, fomentando su protección y garantizando que utilicen los recursos ambientales que necesiten.